Llama investigador de la UAS a formalizar el manejo de recursos para evitar problemas con el SAT

El manejo de recursos económicos sin la documentación legal correspondiente, particularmente en prácticas como las tandas, los fondos comunes y las cuotas para graduaciones, puede generar complicaciones fiscales y jurídicas para quienes administran el dinero, advirtió el doctor Sergio Enrique Beltrán Noriega, académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Durante la conferencia “El impacto social, jurídico y fiscal de las prácticas incorrectas del uso del efectivo ante los instrumentos electrónicos de fiscalización del SAT en México”, impartida en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) como parte de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2026, el especialista explicó la importancia de contar con documentos que acrediten el origen y destino de los recursos ante posibles revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Beltrán Noriega señaló que los sistemas electrónicos de fiscalización y las herramientas tecnológicas utilizadas por la autoridad tributaria permiten identificar movimientos bancarios que pueden requerir aclaraciones por parte de los contribuyentes. Por ello, advirtió que recibir depósitos sin contar con elementos legales para justificar su procedencia puede derivar en requerimientos e incluso en sanciones fiscales, dependiendo de las circunstancias de cada caso.
El docente también retomó datos del Banco de México para señalar que una parte importante de la población mexicana continúa utilizando efectivo y recurriendo al ahorro informal, ya sea mediante dinero guardado en casa, tandas o fondos colectivos. Aunque estas prácticas son habituales, destacó que pueden representar riesgos para las personas responsables de concentrar y administrar las aportaciones de terceros.
Como ejemplo, mencionó las cooperaciones que realizan los estudiantes para cubrir los gastos de una graduación. Si el dinero se deposita en la cuenta bancaria de una sola persona, explicó, resulta fundamental contar con documentación que permita demostrar que los recursos pertenecen al grupo y que tienen una finalidad específica, en lugar de representar un ingreso propio del administrador.
En ese sentido, subrayó la relevancia de formalizar los acuerdos mediante instrumentos jurídicos adecuados, como contratos que establezcan las condiciones de participación, las responsabilidades de quienes intervienen y el destino de los fondos. Estos documentos pueden servir como respaldo ante una revisión de la autoridad fiscal, siempre que correspondan a las operaciones efectivamente realizadas.
Durante su exposición, el especialista también abordó la transformación de los sistemas financieros en países desarrollados, donde el uso de la banca electrónica y las monedas digitales ha ampliado la capacidad de rastrear las operaciones económicas. Esta trazabilidad permite conocer la procedencia de los recursos, los movimientos realizados y las personas que reciben el dinero.
Asimismo, analizó los desafíos relacionados con la aprobación de la Ley de Economía Digital en México e invitó a la comunidad universitaria a reflexionar sobre sus posibles implicaciones, particularmente en materia de acceso a internet, costos de los servicios bancarios, ciberseguridad, protección de datos personales y seguridad energética.
El académico consideró que las decisiones sobre la regulación del efectivo deben analizarse tomando en cuenta las condiciones económicas y sociales del país, así como las necesidades de la población y las actividades productivas. También señaló la importancia de evaluar las facultades otorgadas a las autoridades hacendarias para determinar las operaciones en las que podrían establecerse restricciones al uso de dinero en efectivo.
Finalmente, destacó que la creciente digitalización de las operaciones financieras plantea retos que requieren información, prevención y responsabilidad jurídica, por lo que exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse informada sobre los cambios en materia fiscal y económica, así como a adoptar prácticas que permitan acreditar adecuadamente el origen y la administración de los recursos.


